El pasado jueves, la Legislatura de la Provincia del Chubut sancionó ciertas reformas al Código Procesal Penal en base a un proyecto del Poder Ejecutivo Provincial, elaborado en gran parte a partir de ideas y requerimientos formulados por integrantes del Ministerio Público Fiscal. Brinda herramientas útiles y necesarias para mejorar el funcionamiento del sistema judicial penal en la provincia.  A partir del diálogo, del consenso y como culminación de un proceso con amplia discusión de ideas y apertura de las cuestiones, habiendo escuchado a operadores de distinta procedencia y el más variopinto origen, la ley fue sancionada.

Cabe recordar que en forma previa se trabajaron y debatieron las ideas con las Cámaras de Comercio, con varios Intendentes Municipales y sus gabinetes. Tuvieron lugar jornadas de debate y discusión de los distintos aspectos involucrados, tanto en la propia sede de la Honorable Legislatura como en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Pocas veces una ley ha tenido la apertura y el debate social que se le ha dado a este proyecto.

Cuando tuve la oportunidad de hablar ante la Comisión de la Honorable Legislatura puse el acento en las víctimas, en los intereses de las víctimas de delitos en general y de violencia de género que desde el Ministerio Público Fiscal estamos llamados a defender. Quisiera volver sobre ese concepto, ahora para poner en valor lo que se ha logrado. Claramente, son los Fiscales y los equipos de trabajo del Ministerio Público Fiscal quienes conocen la problemática, a partir de la labor cotidiana. Quienes enfrentan día a día los problemas, dando la cara frente a la sociedad. Desde allí salieron las ideas y los conceptos que ahora se plasman en la norma.

Pero desde el otro lado, tenemos a los opinólogos, que viven en un mundo abstracto, en los claustros académicos, sin contacto la realidad. Nunca han estado al frente de estas problemáticas. Desde ese lugar hipócrita de comodidad, vienen a injuriar y a criticar, con soberbia, considerándose por encima de las reglas de la democracia. Tienen el desdén de afirmar que las modificaciones sancionadas profundizarán la ineficacia, haciendo futurología de catástrofe, un lamentable berrinche porque no se les ha dado la razón. Porque quizás no serán convocados en esta oportunidad a ocupar el atril, a erigirse en consultores y líderes de la reforma procesal.

Los números muestran que lejos están los Fiscales del Chubut y sus equipos de trabajo de incurrir en desidia. Todo lo contrario. Los resultados en los casos de afectación de los bienes jurídicos más importantes hablan por sí solos. El propio INECIP, en una reciente publicación, colocó a Chubut en el tercer puesto del ranking de eficacia de los Ministerio Públicos Fiscales de la Argentina.

Si miran bien, van a advertir que en general, los plazos del proceso penal no los insume la actuación de la Fiscalía. Es que si de plazos procesales hablamos, debe saberse que desde la implementación del Código Procesal Penal en el año 2006 hasta el 2024, el Fiscal en promedio insume 149 días desde la apertura de la investigación hasta la presentación de la acusación (oportunidad en la que concluye la tarea investigativa). Luego, se insumen en promedio 199 días hasta la apertura del juicio. Estos número evidencian que las demoras están en otras cuestiones que desde la funcionalidad sistémica deben ser abordadas por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, en conjunto con las Oficinas Judiciales y los Jueces Penales. Pero no quiero desviar el eje de estas líneas.

Sacan a colación el juicio por jurados. Pues bien, la implementación de la nueva modalidad de juzgamiento popular ha sido del todo exitosa, con procesos llevados adelante por Fiscales, capacitados por Fiscales. De 25 casos enjuiciados, en 22 se obtuvieron condenas. Lejos de no propiciar su realización, la celebramos, participamos en la elaboración de varios proyectos de ley, una vez sancionada la legislación que brinda el marco actual del juicio por jurados preparamos a la organización para el desafío, se instrumentaron las capacitaciones, facilitando los medios económicos y la logística para poder llevarlas a cabo. Se le ha dado prioridad a la temática y hasta en modo reciente, se siguen brindando herramientas colaborativas tendientes a que los procesos resulten cada vez más exitosos. Esos éxitos, obtenidos por el Ministerio Público Fiscal están a la vista de todos. La política de persecución penal en la Provincia del Chubut, en su efectividad, se encuentra por encima del promedio de la República Argentina.

Por supuesto hay mucho para seguir mejorando. Pero debo sostener enfáticamente que nunca el Ministerio Público Fiscal del Chubut ha evadido sus responsabilidades. INECIP y las restantes entidades que suscriben el comunicado que días pasados se ha hecho público, han agraviado con su manifestación a los Fiscales del Chubut y a la institución de la Procuración General. Debo advertir que también, con sus irrespetuosos comentarios, insultaron al proceso democrático de discusión y sanción de leyes provinciales, a integrantes del Poder Ejecutivo, al Fiscal de Estado, a la institución del Sr. Gobernador quien ha impulsado el proyecto y a la Honorable Legislatura que lo ha sancionado con 24 votos positivos sobre 26.

Por nuestra parte, llego entonces con palabras de agradecimiento por el apoyo institucional que en esta oportunidad se ha dado al Ministerio Público Fiscal, especialmente en las autoridades del Poder Ejecutivo y de la Honorable Legislatura del Chubut.