Sobre los sucesos de Comodoro Rivadavia
Las recientes embestidas del poder político contra el MPF ponen de manifiesto, una vez más, la ausencia de una política sería destinada a gestionar la seguridad como signo de las sucesivas administraciones de gobierno.
Como en cada ocasión en que los ciudadanos perdieron la paciencia los gobernantes lejos de emprender el empinado camino de la reconstrucción del tejido social optaron por amplificar aquellas voces que bregan por un retorno a las viejas recetas de mano dura con connivencia del poder judicial, preferidas por los gobiernos de sesgo autoritarios y magistraturas complacientes.
Esta ideología es la que alimenta los conjuros que a menudo predican los titulares de los poderes públicos, que por arte de magia, prometen acabar con el flagelo que aqueja al ciudadano, tales “esto se arregla poniendo entre rejas a 40 o 50 delincuentes”, “hay que terminar con la puerta giratoria de la justicia”, “los ladrones ingresan por una puerta y salen por la otra antes que los damnificados”, entre las más nombradas.
Las recetas instantáneas no se detienen en las puertas de los tribunales y se filtran en las voces de los operadores judiciales, con propuestas que auguran el mismo poder letal, así “hay que volver al viejo código”, “adoptamos un código de suiza para un país africano”, “devolver las atribuciones al juez de instrucción y correr a los fiscales que no tienen experiencia”, “no se puede poner en acción un código sin capacitación de los operadores” y un sinnúmero de frases por el estilo que ponen de manifiesto las añoranzas por un régimen superado y, por cierto, relativamente cómodo para algunos segmentos.
Los acontecimientos de Comodoro Rivadavia constituyen una oportunidad para reflexionar nuevamente sobre el Ministerio Público Fiscal que apuntamos a construir y la necesidad de desarrollar instrumentos adecuados para gestionar con eficacia el caudal de casos que se vuelcan al sistema.
Parece necesario recordar los lamentables episodios transitados en el marco de una administración de justicia caracterizada como jerárquica, burocrática y ajustada a un procedimiento con bajo estándar de respecto por las garantías ciudadanas, para advertir la necesidad de persistir en el camino elegido que, va de suyo, no esta exento de dificultades. En efecto, bajo aquella organización se alcanzó la lamentable cifra de 10 personas desaparecidas en esta ciudad durante la década de los ´90 y los primeros años de este siglo, se registraron niveles de morosidad judicial inaceptables y se anotaron decisiones desacertadas con un alto costo para la sociedad en causas tales como “Mortensen”, “Millacura”, “Prostitución”, “Cobre”, “Cleland” y tantas otras que por obra del tiempo quedan en lontananza.-
El cambio de código procesal penal en el orden provincial y la restructuración del Ministerio Público Fiscal representan intentos serios y probados en otras latitudes por dejar atrás ciertas prácticas que no deseamos repetir.
Quienes integramos la Procuración General estamos comprometidos con dicha transformación y de allí que potenciamos herramientas novedosas en el contexto provincial con las que aspiramos a dar respuestas judiciales ciertas y efectivas.
En efecto, constituye una impronta de esta gestión el desarrollo del Servicio de Asistencia a las Víctimas del Delito, la integración de las Oficinas de Conciliación de casos penales y los Equipos Técnicos Multidisciplinarios que apuntan, respectivamente, a humanizar el trato de las víctimas en el transcurso del proceso penal, alcanzar soluciones consensuadas y por esa vía descongestionar el sistema para concentrar los esfuerzos en las causas relevantes y, por último, tecnificar la investigación agregando a la pesquisa la perspectiva de otras disciplinas para alcanzar resultados satisfactorios en un mayor número de casos.-
Ahora bien, no podemos desconocer que aun con todo lo avanzado existen debilidades que tornan vulnerable nuestra institución, principalmente, en los aspectos de organización interna de las oficinas y el diseño acabado de un esquema de trabajo que permita un aprovechamiento racional de los recursos humanos y materiales existentes.
Entiendo que en el futuro inmediato es imprescindible concentrar nuestros esfuerzos en estos aspectos con el objeto de mejorar los niveles de respuesta que reclama la comunidad.-
Dr. Emilio Porras Hernández – Procurador General Adjunto
