Federico Otero deberá comparecer a los Tribunales madrynenses para fijar domicilio y ser identificado prontuarialmente. También se le hará un exámen psiquiátrico.

El viernes a las 9.30 se realizará una audiencia en la causa que investiga una presunta “estafa” en la venta de la empresa Alpesca. Federico Otero, uno de los imputados, deberá asistir a Tribunales para fijar domicilio y ser identificado prontuarialmente en la Oficina de Identificación de Personas. Además se le realizará el examen mental obligatorio, previsto en el artículo 260 del Código Procesal Penal.

Otero, supuestamente, se encuentra viviendo en Mar del Plata y será patrocinado por el defensor público Gastón Ledesma. Su madre, Rosa Chico, también se encontraría en la misma ciudad, presuntamente con problemas de salud y presentarían los certificados médicos correspondientes. Hay que tener en cuenta que la mujer todavía no ha podido ser imputado formalmente en la audiencia de apertura de investigación.

Examen mental

El Código Procesal Penal de Chubut indica que los imputados deben hacerse un “examen mental obligatorio”. “El imputado deberá ser sometido a un examen mental si el delito que se le atribuye es de carácter sexual o se espera una pena superior a los cinco años de privación de libertad, si se trata de un sordomudo, de un menor que no haya cumplido los dieciocho años de edad, de un mayor que haya cumplido los setenta años al momento del hecho atribuido o si es probable la aplicación de una medida de seguridad y corrección privativa de la libertad”, indica el artículo 206 de la mencionada ley.

Investigación por estafa

Otero, junto a Omar “Cura” Segundo y su hijo Juan Paulo están imputados por su la presunta comisión del delito de “estafa” en la venta de la empresa pesquera Alpesca. Los fiscales aseguran que Segundo y Otero realizaron una “venta simulada” y “crearon un ardid para beneficiarse”. La hipótesis de investigación es que Segundo era el dueño de la empresa y Otero un prestanombres. El plazo de investigación vence en septiembre, en el cual los fiscales deberían presentar la acusación para elevar la causa a juicio oral y público.