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El caso del adolescente víctima de vejaciones en una comisaría de Trelew

Prisión preventiva para cinco policías y libertad, aunque sometidos a proceso, para otros cuatro

El juez de garantías de Trelew José García resolvió la prisión preventiva por el plazo de dos meses hasta tanto prosiga la investigación, para cinco policías de la Seccional Segunda de esa ciudad sospechados de haber golpeado y producir graves vejaciones a un adolescente de 16 años de edad que había sido detenido el miércoles pasado en horas de la mañana por un incidente en la vía pública. Asimismo otros cuatro efectivos seguirán sometidos a proceso por el mismo hecho aunque en libertad y con restricciones en cuanto al acercamiento a la víctima, su familia y testigos de lo ocurrido.

La decisión la tomó como corolario de una extensa audiencia de control de detenidos que se inició pasadas las 21 del sábado y que se extendió hasta la 1 de la madrugada del domingo ante la presencia de las partes en el proceso, familiares de la víctima, de los policías imputados y compañeros de trabajo de éstos que colmaron los pasillos del tercer piso del edificio de Tribunal de Trelew. Apenas iniciada la audiencia, dos suboficiales que también habían sido detenidos, recuperaron inmediatamente la libertad, al no encontrar los fiscales pruebas que permitan cargos en su contra.

Imputaciones

Los policías que seguirán detenidos, se trata del suboficial subinspector Adolfo Carvallo, el agente Carlos Alberto Pato, el cabo Carlos Treuquil, el agente Mario Bevacua y el cabo primero Anibal Muñoz. A excepción del oficial Carvallo, los otros cuatro policías fueron los que provocaron una feroz golpiza contra el adolescente en el interior de un calabozo produciéndole severas lesiones, entre ellas en el ano al introducirle presumiblemente parte de un bastón “tonfa”, utilizado en la fuerza policial para reducir o persuadir a personas en situaciones violentas. A Pato, Treuquil, Bevacua y Muñoz se les imputó los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, privación ilegítima de la libertad, vejaciones y severidades en carácter de coautores. Por su parte a Carvallo se le imputan todos esos delitos aunque en carácter de partícipe necesario ya que, según la investigación del equipo de fiscales, este oficial habría intentado fraguar documentación interna de la comisaría sobre aspectos de la detención del adolescente.

Para la querella, representada por Julia Laborda, los hechos en los que están involucrados estos cinco efectivos, fueron calificados como tortura, figura que prosperará o no según los resultados de la investigación que se avecina.

Riesgo de fuga

Al respecto, el juez García se encargó de destacar en su resolución, que las imputaciones podrán ir variando de acuerdo al devenir propio de la investigación.

La decisión de la prisión preventiva fue adoptada por García al entender que existe posibilidad de entorpecimiento de la investigación habida cuenta que los imputados puede influir sobre testigos de los que aún no se han escuchado sus dichos. Sin embargo García destacó los riesgos de fuga de estos cinco imputados ante la pena que podría caberles que va desde los 8 a los 25 años de prisión, poniendo especial énfasis –en coincidencia con los fiscales- en que se trató de un hecho “gravísimo” ya que ocurrió en el interior de una comisaría y que fue protagonizado por policías provocando un daño psicológico “inconmensurable” en el menor. “Me tocó escuchar su testimonio y pude advertir el grado de desesperación en la víctima”, dijo García. 

En libertad

El juez de garantías dispuso también la libertad, aunque sometidos a proceso y con prohibición de acercamiento a la víctima, sus familiares y los testigos, para el agente Víctor Ortiz y el sargento primero Sergio Castillo a quienes se les imputa los delitos de vejaciones y severidades ya que se reunieron pruebas y testimonios suficientes que permite sospechar que golpearon al menor durante su detención en la vía pública y posterior traslado a la comisaría segunda.

Similar medida adoptó contra el oficial ayudante Bruno Rodríguez y el sargento ayudante Víctor Santibáñez por el delito de privación ilegítima de la libertad en carácter de coautores. Según la investigación, estos dos policías fueron los que esposaron y trasladaron a una dependencia interna a la novia del adolescente que había concurrido a la seccional a reclamar por su libertad, provocando un altercado. “Con haberla sacado de la seccional, hubiera sido suficiente”, dijo el juez García en su resolución.  

La investigación

Tras la detención de los 11 policías, en el transcurso de la jornada del miércoles pasado, el equipo de fiscales encabezados por los fiscales generales Mirta Moreno y María Tolomei, secuestraron documentación interna de la policía, realizaron allanamientos, se hicieron de informes de médicos forenses que constataron las lesiones en el cuerpo del menor, participaron de una decena de ruedas de reconocimiento de personas, escucharon en “Cámara Gesell” el testimonio de la víctima, tomaron testimonios a sus familiares y a vecinos del lugar donde se produjo la detención. Aún resta tomar más testimonios de otros detenidos en esa seccional al momento de los hechos, además de pericias de ADN en varios bastones “tonfa” secuestrados cuyos resultados llevarán un considerable tiempo ya que deberán hacerse fuera de la provincia.

En la audiencia realizada entre sábado y domingo, todos los policías fueron asistidos por la defensora oficial María Gómez Lozano, con la presencia también del doctor Pablo Rey de la Defensoría que se encargó de destacar las cualidades personales de la víctima.

 

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