Así lo determinó el juez José García, luego de una maratónica jornada que dió inicio cerca de las 14,10, escuchándose la resolución de parte del magistrado cerca de las 20, luego de un cuarto intermedio de casi tres horas.

  La causa convocante es la que involucra a nueve policías y el médico policial, donde se investigan abuso y tortura en perjuicio de un menor, en hechos ocurridos en la seccional segunda de policía el 18 de enero de 2012.

  El Ministerio Público Fiscal, representado por los Fiscales Generales María Tolomei y Arnaldo Maza, junto a los querellantes de la familia, Sergio Rey y fiscalía de estado, Eduardo Díaz, se opusieron terminantemente a las nulidades y objeciones contra las respectivas acusaciones, expuestas por el defensor de Bevacua, el abogado Gustavo Latorre, a lo que fueron adhiriendo cada uno de los restantes defensores.

  La Fiscalía insistió en la estrategia dilatoria de la parte defensiva, lo que termina perjudicando a la víctima y su familia, pero también a sus clientes, algunos de los cuales permanecen con medidas de coerción.

  El magistrado, al momento de dar a conocer su resolución, hizo una introducción sobre el tratamiento de las nulidades, exponiendo ser esto la base que consideraria para tomar sus decisiones.

  Refirió al artículo 295 del Código Procesal Penal, aludiendo a la importancia de la audiencia preliminar y al artículo 25 que habla sobre los requerimientos acusatorios y apreciación de la prueba que reza: "todas las decisiones judiciales, salvo las de mero trámite, deben ser motivadas, con adecuada fundamentación lógica y legal, e indicarán el valor asignado a cada medio de prueba... la fundamentación no se podrá reemplazar con la simple relación de documentos, afirmaciones dogmáticas, ficcione legales, expresiones rituales o apelaciones morales. La sentencia debe ser definitiva, absolviendo o condenando al imputado..."

  Otro de los artículos referenciados por el colegiado es el 291, que señala como debe ser la acusación pública, solicitando varios requisitos, explicando que si el fiscal estima que la investigación proporciona fundamento para someter a juicio al imputado, presentará por escrito la acusación.

   Esta última debe contener: 1) los datos para identificar al imputado... 2) la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que atribuye al imputado; en caso de contener varios hechos punibles independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos...3) los fundamentos sintéticos de la imputación, con expresión de los medios de prueba que propone para el juicio...4) la expresión precisa de los preceptos jurídicos aplicables...5) la indicación del tribunal competente para el juicio...6) las circunstancias de interés para determinar la pena o la medida de seguridad y corrección, con expresión de los medios de prueba que propone para  verificarlas...y 7) la pretensión punitiva provisoria.

  Mas allá de diversas consideraciones, el juez manifestó que en las acusaciones presentadas, tanto de la Fiscalía como querella, se cumplen con todos los requisitos detallados en esa norma, a excepción del inciso 3), otorgando un plazo de cinco días hábiles para adecuar las mismas en ese punto.

  En realidad, los acusadores estarían en condiciones de cumplir con la decisión en tiempo y forma, y de acuerdo a tal requerimiento, esperan luego poder continuar y definitivamente cerrar la audiencia preliminar con la elevación a juicio correspondiente.

  En tanto, uno de los defensores consultó al Juez si los días de feria judicial eran considerados como hábiles, a lo que García le contestó: "hay detenidos en el medio, por supuesto que son hábiles...", tras lo cuál dió por finalizada esta tediosa y extensa jornada, debiendo postergarse la posibilidad de debatir sobre la situación de los propios imputados, teniendo en cuenta que el nuevo tratamiento, de acuerdo a lo resuelto, tendrá lugar el viernes 13 de julio.

  Audiencia preliminar

Juez: José García

Fiscales: Arnaldo Maza y María Tolomei

Querella particular: Sergio Rey

Fiscalía de Estado: Eduardo Díaz

Asesor de menores: Pablo Rey

Defensores e imputados: Gustavo Latorre de Mario Bevacua, Javier Romero de Fernando Zaghis, Lisandro Benítez y Angélica Gómez Lozano de Víctor Santibáñez, Carlos Pato, Héctor Castillo y Sergio Ortiz, Fernando Cominetti de Adolfo Carvallo, Carlos Del Mármol de Aníbal Muñoz y Carlos Treuquil y Matías Cimadevilla de Bruno Rodríguez.

Lugar: sala de audiencias, cámara del crimen, sexto piso, Trelew.