Se llevó adelante en sala de oficina judicial ubicada en tercer piso de tribunales la audiencia preliminar donde el Ministerio Público Fiscal, representado en la oportunidad por la funcionaria de fiscalía Analía Acuña, solicitó la elevación a juicio oral de la causa donde se encuentra involucrado quien fuera presidente del consejo de la magistratura, Enrique Aníbal Maglione.
Hecho
En el proceso y con la firma del fiscal general Omar Rodríguez se elevó la respectiva acusación que refiere que con fecha 2 de noviembre de 2020 el imputado le remitió al presidente del Superior Tribunal de Justicia una nota solicitando la colaboración de un secretario para la sesión prevista para el 6 de noviembre del mismo año, la que se iba a realizar en Trelew de manera virtual y en forma presencial para los días 11, 12 y 13 del mismo mes en el hotel Libertador, todo en los términos del reglamento de organización del consejo de la magistratura, por encontrarse el secretario permanente adscripto al Ministerio Público Fiscal y en proceso sumarial.
Con fecha 4 de noviembre de 2020 y en contestación a la referida nota, el doctor Coria Franza, secretario letrado del Superior Tribunal y por disposición de su presidente envía una nota mediante la cuál le expresa que previo a proveer el nuevo pedido de un funcionario se necesitaban una serie de informes solicitando precisiones. Ese escrito indicaba que la información requerida resultaba necesaria a los fines de contar con suficiente previsibilidad en la asignación de tareas, habida cuenta que este Superior Tribunal ha provisto de su dotación una nómina de secretarios/as, adjuntando un detalle de los funcionarios que intervinieron en las distinas sesiones desde el 25 de septiembre de 2019.
Ese mismo día 4 de noviembre el doctor Maglione envía a varios integrantes del consejo de la magistratura un mensaje de texto donde expresaba que el Superior Tribunal no le daba secretario y tenía que salir a contratar urgente uno ya que se estaba a dos días de una sesión. Al día siguiente, con pleno conocimiento y contrariando la ley V Nro. 70, dictó la resolución 50/20 por medio de la cuál designó como secretario ad-hoc del consejo de la magistratura al abogado Walter Matías Cifuentes Dalotto, para que cumpla funciones a partir del día de la fecha, 5 de noviembre de 2020. A su vez, el funcionario autorizó la contratación mensual en concepto de locación de servicios cuyos pagos y acreditación se realizarían a través des sistema empresa Net vía CBU.
Mediante la mentada resolución fechada el 4 de noviembre y firmada digitalmente el día 5 del mismo mes, el presidente del consejo de la magistratura intervino en la contratación del abogado sin tener atribuciones para ello, con la clara intención de beneficiar al nombrado con dicha designación, con quien lo unía al momento de los hechos una relación de vieja data, toda vez que ambos letrados comparten el mismo asiento legal del estudio jurídico en Trelew, además de actuar en forma conjunta en carácter de letrados patrocinantes en diversas causas radicadas en varios juzgados del fuero local. Así también han participado en el fuero penal de Puerto Madryn como codefensores en un caso cuya calificación del hecho fue la de negociaciones incompatibles con la función pública. Con dicho accionar, el doctor Maglione insertó un interés particular por encima del interés público, al cuál el funcionario debió dar preeminencia.
Calificación legal
Conforme a lo que surge de los hechos y circunstancias expuestas, el accionar del encartado encuadra típicamente en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal con abuso de autoridad, según lo previsto y reprimido por los artículos 265, 248 y 54 del código penal, en calidad de autor, artículo 45 del código penal, solicitándose un tribunal colegiado en virtud de lo dispuesto por el artículo 71.
En lo que respecta a la pretensión punitiva, el escrito acusatorio de la fiscalía alude que según las calificaciones legales escogidas la escala penal parte desde el año hasta los seis años más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, y en este sentido, este Ministerio Público estima que al momento de pedir pena, la misma no será inferior a los tres años de prisión, más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Próxima resolución
Luego de escucharse la fundamentación a propósito del pedido de elevación a juicio por parte de la doctora Acuña, y de explayarse ampliamente la defensa ejercida por Sergio Rey y Jorge Benesperi, que pidieron el sobreseimiento de su cliente, solicitud que fue reafirmada por el propio Enrique Maglione, el Juez de la causa Fabio Monti comunicó que se tomará los tres días previstos en los plazos legales para dar a conocer la resolución sobre la posibilidad de elevar a juicio esta causa, cuestión que será comunicada a las partes seguramente el próximo lunes 25 del corriente mes.
