En una audiencia preliminar llevada adelante en sala de oficina judicial, tercer piso de tribunales, el Ministerio Público Fiscal presentó la acusación respectiva y solicitó la elevación a juicio del caso donde se investiga un robo agravado ocurrido el 4 de agosto de este año en una peluquería ubicada en calle Colombia entre Rivadavia y Mitre de esta ciudad.
Según lo expuesto por la funcionaria de fiscalía Ana Vizioli, aquel día cerca de las 13 dos personas ingresaron al local comercial donde se encontraban la propietaria y una clienta, quienes fueron amenazadas con cuchillos que portaban ambos sujetos. Luego de hacerse de carteras que tenían diversos elementos, entre ellos celulares, documentos, tarjetas de crédito y unos dos mil pesos de dinero en efectivo, se dieron a la fuga, siendo perseguidos por una de las mujeres, y en el camino se unió un efectivo policial, pudiendo ser alcanzao Leandro Solan, de 21 años, que tenía carteras en su poder, no así la plata.
El otro individuo logró escapar, aunque luego fue identificado mediante las cámaras de seguridad y hoy tiene pedido de captura. Solan esta cumpliendo arresto domiciliario y la calificación prevista por el Ministerio Público Fiscal es la de robo calificado con arma en carácter de coautor, artículo 166 inciso segundo y 45 del código penal, dándose a conocer que durante el debate se pedirá una pena de seis años de prisión.
Para la defensa no están dados los requisitos para mantener esa calificación, la que sugiere es en grado de conato o tentativa. Sergio Rey se manifestó en tal sentido y argumentó sobre la falta de elementos existentes al momento de imponer el grado del delito, a la vez que pidió morigerar el arresto domiciliario con la libertad de su cliento o bien aplicando medidas sustitutivas.
Para el Juez Sergio Piñeda hay dos interpretaciones de lo que sería el delito de acuerdo a lo expuesto por las parte, pero esto deberá dilucidarse durante el juicio oral y público. Al efecto, autorizó la elevación a juicio oral, por lo que la oficina judicial deberá disponer la programación del mismo, con un tribunal unipersonal. En cuanto a las medidas de coerción, estimó que con la acusación se reafirma el peligro procesal de fuga, al determinar la mantención del arresto domiciliario hasta la realización del debate.