El abogado Eduardo José Uzcudun, defendido por Gustavo Latorre, pidió acogerse al instituto previsto en el código procesal penal como suspensión de juicio a prueba, en la causa donde se investiga una presunta administración fraudulenta en perjuicio de la cooperativa eléctrica de Trelew, donde el mencionado está acusado como partícipe necesario, de acuerdo al artículos 173, inciso 7, 45 y 55 del código penal.
Según el defensor, al efectuar la presentación, están dados los requisitos para obtener lo que consideró un derecho y no un beneficio, mencionando la falta de antecedentes penales de su cliente, como así también la expectativa de pena alcanzada para tal delito, la que sería en suspenso y no de ejecución efectiva. En ese marco, el ofrecimiento se basó en el pago a la entidad cooperativa de trescientos mil pesos, de los cuales doscientos mil serían reducidos de los ingresos que percibe el mismo Uzcudun en la cooperativa, en diez cuotas de veinte mil pesos, en tanto los restantes cien mil serían entregados en el mismo número de cuotas pero con cheques de terceros.
Sin embargo, la querella que representa los derechos del organismo perjudicado y el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales generales Omar Rodríguez y María Tolomei, rechazaron toda posibilidad de otorgar la probation. Los fiscales refirieron a que el dictamen fiscal en casos como el presentado resulta vinculante a la decisión final y en esta situación merece que la causa iniciada tenga resolución en un juicio oral y público, por lo que una suspensión perjudica dicha circunstancia.
Tuvieron en cuenta además lo expresado por la querella, ejercida por Marcos Fragoza, que a través de la palabra del actual presidente de la cooperativa, Fabián Gómez Lozano, manifestó no estar conforme con la reparación, indicando que mas allá de lo económico existe una situación de confianza, hoy perjudicada debido a las acciones llevadas adelante, lo que conlleva un descreimiento de parte de la comunidad , cuyos integrantes son los socios de una empresa monopólica de servicios públicos. Justamente, la fiscal María Tolomei expuso durante la audiencia sobre la afectación pública que generan delitos que rayan con la corrupción, argumentando sobre la necesidad que la comunidad debe saber fehacientemente como fueron los hechos, estando directamente afectada, y dentro de lo sucedido el doctor Uzcudun jugó un papel importante que tendría que ser ventilado en el transcurso de un debate.
Como parte de la réplica a este rechazo por parte de los acusadores, el propio acusado hizo uso de la palabra, reclamando que el presidente de la cooperativa se expresa de modo personal, ya que no contaría con el aval del consejo de administración, diciendo que reclamó una reunión para tratar el tema y nunca fue tenido en cuenta su pedido. Aludió a la situación personal por la que atraviesa, al expresar: “esto me está matando…”, tras lo cuál habló sobre cuestiones personales y familiares, a la vez de intentar fundamentar las razones de lo ofrecido económicamente, observando el esfuerzo para llegar hasta aquí y evitar el juicio, destacando sus 33 años de trabajo y la actividad que hoy sigue ejerciendo. El propio presidente de la cooperativa respondió, al señalar que lo económico no alcanza para resarcir la cifra de un millón quinientos mil pesos con la que se afectaron los intereses del organismo, sin querer entrar en situaciones personales como las descriptas por quien está acusad
Resolución
Mas allá de algunas réplicas ejercidas tanto por el defensor como por el Ministerio Público Fiscal y la querella, el Juez Darío Arguiano indicó que se trata de un tema complejo, por lo que se tomará los tres días de plazo previstos en el código, para dar a conocer la resolución el próximo viernes 18 en horas del mediodía.
Acusados
Cabe recordar que la causa en cuestión se encuentra a la espera de la audiencia preliminar, habiéndose presentado la acusación respectiva, donde se destaca que los acusados ocasionaron un perjuicio a la cooperativa eléctrica de consumo y vivienda limitada de Trelew, por un monto de un millón doscientos noventa y cuatro mil setecientos pesos ($ 1.294.700).
Conforme a lo que surge de los hechos y circunstancias investigadas, el accionar de los imputados es encuadrado en la figura de administración fraudulenta en la modalidad del delito continuado, reuniendo la calidad de coautores José Evaristo Sandoval, José Luis Nahuelquín, José Chaquib Hamzé y Daniel Osvaldo Corrieri, mientras que a Eduardo José Uzcudun se lo acusa de partícipe necesario.
