El Juez Daniel Yanguela resolvió convocar a las partes para el próximo miércoles 18 de septiembre, con el objetivo de llevar adelante la dilatada audiencia preliminar, en el caso donde se investiga la tentativa de homicidio en perjuicio de Gerardo Bustos, titular de un comercio dedicado a la compra y venta de automotores, donde están imputadas siete personas, cinco de las cuales habían sido detenidas en la tarde de ayer, al declararse la rebeldía y emitirse orden de captura, luego de no concurrir a los tribunales cuando habían sido citados.

  El defensor Gustavo Latorre había sido objeto de un incidente de conducta, al haberse declarado el abandono de defensa, por lo que debió asumir en ese rol la defensa pública, representada por Sergio Rey. Al comienzo de la audiencia, llevada a cabo en la sala de la cámara penal, el magistrado consultó a los imputados, quienes hicieron saber el deseo de cada uno para que la representación legal vuelva a ser ejecutada por el abogado particular.

Argumentos defensivos

  Latorre se explayó, quien dijo haber sido notificado por lo resuelto cinco minutos antes de la audiencia, presentó como cuestión previa un extenso argumento en el que se refirió a lo sucedido, responsabilizando de la situación vivida por sus defendidos a la oficina judicial, señalando que la misma se tomó atribuciones por encima del Juez, al comunicar que no hacía lugar a la suspensión solicitada en su momento sin dar intervención a magistrado alguno.

  Justificó la actitud de sus defendidos al manifestar que los mismos fueron solo informados de la audiencia fijada para el día de ayer, pero no fueron notificados del rechazo de la suspensión, y de esta manera se habrían quedado esperando una comunicación en este sentido. Rechazó la declaración de rebeldía, cuando expresó que podría haberse evitado con una citación del Juez o una compulsa y justificó la no presencia en alguna incidencia similar que trajo como antecedente, cuando el Ministerio Público Fiscal pidió suspensión y la misma fue concedida, con los involucrados presentes en las inmediaciones.

  En definitiva, Latorre dijo que accionará formalmente en poco tiempo, en lo que seguramente será una recusación del Juez, considerando que no se dieron los presupuestos de una rebeldía, pidiendo la inmediata libertad, al estar ya presentes para seguir con el proceso.

  Sostuvo la suspensión de la audiencia, dada la imposibilidad por un problema de salud de un imputado, Vicente Castagnoli y un menor al momento de los hechos, que se encuentra estudiando en Buenos Aires. Aludió a una decisión de la jueza natural de la causa, Patricia Asaro, quien el 6 de septiembre de 2012 resolvió que la audiencia preliminar debía ser presidida por ella, sin posibilidad de subrogancia y arremetió contra la oficina judicial al señalar que tomó una decisión por motus propio.

La fiscalía

   La fiscal general jefe Mirta Moreno dijo que no podía contraponerse al artículo 77 que fija los plazos razonables para la recusación de un juez, estando vigente el mismo, oponiéndose al resto de los argumentos para la suspensión de la audiencia, la cuál podría llevarse a cabo con los imputados que se presentan, consultando sobre la declaración de rebeldía del menor.

  Respecto a la salud de Castagnoli, existen diferentes posturas de los médicos forenses, Rodríguez Yacob y Alejandro Heredia, determinando en este sentido el doctor Yanguela una junta médica que debería expedirse en un plazo no mayor a los quince días.

Querella

  El querellante particular Luis López Salaberry, representante de Gerardo Bustos, víctima presente a su lado, refirió al rol ejercido por la jueza en su momento, pero enfatizando en la obligación de asistencia para las partes cuando son convocadas, ya que deben plantearse todas estas cuestiones en audiencia, acordando que debería respetarse el plazo de posible recusación.

Resolución

  El Juez Daniel Yanguela pasó a resolver, indicando al defensor que no pidió una sanción en forma personal contra su actitud, teniendo en cuenta el conocimiento personal y creyendo en su buena fé al actuar, pero el pedido de la fiscalía y querella se ajustó a derecho.

  Coincidió en que la oficina judicial  no tiene poder para decisiones jurisdiccionales, pero le hizo saber a Latorre que fue errónea su forma de actuar ya que la programación de la audiencia siempre se mantuvo firme. Es por eso que la declaración de rebeldía fue conforme a derecho, estimando que la responsabilidad de comunicar y tomar decisiones al respecto corrió por cuenta del propio defensor.

  Luego convocó para el 18 de septiembre a las 9 a la audiencia preliminar, dando lugar a la utilización de los plazos en caso de una probable recusación, aclarando finalmente acerca de la resolución emitida por la doctora Asaro que ningún juez tiene jurisdicción exclusiva: se efectuó la programación de la audiencia, se lo convocó como juez y la misma debía realizarse. Ante el cumplimiento de ésto, dejó en libertad a los imputados Rocco Castagnoli, Oscar Moreno, Rodrigo Acosta, Francisco Antonio Castagnoli y Mauro Aguirre, quienes habían sido detenidos la tarde anterior.