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Incendio en cooperativa de Dolavon: luego del rechazo de solicitudes de nulidad dio comienzo el juicio

En horas de esta mañana finalmente dio inicio el juicio oral y público, mediante el cuál se ventila la causa donde se investiga lo sucedido el 26 de febrero de 2016 cerca de las 6, cuando las instalaciones de la cooperativa de Dolavon se vieron afectadas por un incendio, que habría sido originado en el accionar de Patricia Bortagaray, acompañada por Mauricio Huenchillán, imputados por el delito previsto en el artículo 186 inciso 1ro. del código penal.

   De acuerdo a lo resuelto por el Juez Fabio Monti, se dio a conocer el rechazo al pedido de nulidad efectuado por el defensor de ambos, Luis López Salaberry, al estimar que no existía acción acusatoria promovida por la fiscalía y la inexistencia de jurisdicción, lo que finalmente fue desestimado. Sin embargo, durante la audiencia desarrollada en sala de oficina judicial ubicada en tercer piso de tribunales, el defensor insistió con argumentos que pedían el análisis de nuevas nulidades, a lo que se opuso el fiscal general Marcos Nápoli y el querellante en representación de la cooperativa afectada, Fabián Gabalachis, haciendo lugar a esto último el magistrado y dando comienzo en forma inmediata el juicio oral y público.

La presentación fiscal, que contó con la adhesión plena de la querella, señala que el 26 de febrero de 2016, cerca de las 6, Patricia Bortagaray y Mauricio Huenchillán ingresaron a las oficinas de la cooperativa con claras intenciones de provocar el siniestro, haciendo uso de material inflamable fijaron al menos cinco focos ígneos en tres sectores. Luego, aún con dificultades para salir, ya que debieron sortear un portón cerrado con candado, se retiraron en un chevrolet corsa, situación que fue observada po personal policial que se encontraba apostado en el hospital de la localidad, justo frente donde se desenvolvían los acontecimientos.

Según detalló el fiscal general, el delito se enmarca en lo previsto por el artículo 186 inciso 1 del código penal, y tiene una pena que va de los tres a diez años de prisión, pero resaltó el daño causado que afectan los intereses de toda la comunidad, por lo que se presume que al menos a Bortagaray de corresponderá una pena de prisión efectiva. Después del alegato fiscal y del resto de las partes comenzó la convocatoria de testigos, lo que ocurrirá en varias jornadas durante el transcurso de la semana.

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