Durante una audiencia de control de detención desarrollada en sala de oficina judicial, tercer piso de tribunales en Trelew, el Ministerio Público Fiscal representado por la fiscal general jefa Silvia Pereira, solicitó ante un tribunal conformado por dos juezas, la continuidad de la prisión preventiva que viene llevando adelante un imputado por abuso sexual en perjuicio de su hija menor de edad, que además padece un serio problema de discapacidad.

Cabe destacar que del evento participaron además el asesor de familia Pablo Rey y la defensora Gilda Acomazzo, encontrándose presente también la madre de la víctima, quie es denunciante del caso y estuvo asistida por personal del servicio de asistencia a la víctima de delito (savd). De acuerdo a la hipótesis presentada por la fiscalía y las pruebas colectadas hasta el momento, se investiga el hecho ocurrido en fecha que no puede ser precisada con exactitud, pero que data desde aproximadamente mediados de 2018 hasta el 2 de julio de 2021, en un domicilio de esta ciudad, cuando el imputado sabiendo lo que hacía y con pleno conocimiento del vínculo de padre que lo une a la menor de diez años, y aprovechando la convivencia preexistente con quien padece parálisis cerebral infantil con hemiplejía espástica, abusó de la relación asimétrica de poder y sometió sexualmente a la víctima en un número indeterminado de veces produciéndole serias lesiones constatadas por las certificaciones médicas efectuadas.

La calificación legal y provisoria es abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado por haber sido cometido por el parentesco y por la situación de convivencia preexistente, artículo 119, tercer y cuarto párrafo, inciso B y F 45 y 55 del código penal, todo ello en contexto de violencia de género, ley 26485 de protección integral de la mujer.

La acusación que ya fue presentada para evaluar la realización del debate, se fundamenta en la denuncia realizada en febrero del año pasado por la madre de la niña, quien refirió que la misma vivió con su padre a raíz de un mandato del juzgado de familia número 1, pero en junio de 2021 la restituyen a su mamá debido a malos tratos por parte de su padre. En esas circunstancias profesionales del servicio de protección de derechos le refieren que su hija había sido abusada por su papá, situación que fue advertida a partir de los dichos de la propia víctima.

Al verse robustecida la presentación del Ministerio Público Fiscal con los elementos colectados y que constan en la acusación, en la que se piden dieciséis años de prisión, las magistradas María Alejandra Hernández y Yamila Flores valoraron la solicitud de la doctora Pereira y teniendo en cuenta además la gravedad del suceso resolvieron que el imputado deberá continuar en prisión preventiva, al menos hasta la realización de la audiencia preliminar, donde decidirán la posible elevación a juicio oral.