Alegatos en juicio oral y público por vejaciones.

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La mañana del viernes 2 de diciembre se desarrolló en sede de los tribunales penales del barrio Roca la jornada de alegatos en el juicio que se desarrolla desde el martes por un hecho acontecido el 24 de enero de 2010 que tiene como imputado a Orlando Morales, suboficial de policía. Al concluir su alegato la fiscal general solicitó la responsabilidad penal del imputado y la pena de tres años y seis meses de prisión; la querella por su parte solicitó la pena de cinco años de prisión, en tanto que la defensa su sobreseimiento en base a la duda razonable.

Presidió el acto Guillermo Müller, juez penal, el Ministerio Público Fiscal fue representado por Liliana Ferrari, fiscal general y Ana Lovera, funcionaria de fiscalía, la querella representada por Cristina Sadino, defensora pública; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Orlando Oviedo.

En su alegato la fiscal general sostuvo que a lo largo del debate se ha probado el hecho acontecido el pasado 24 de enero de 2010, en cercanías a la cancha de futbol de Petroquímica, en km. 8., que tiene como autor al imputado. Ese día la víctima s encontraba en el parque ubicado en cercanías de la cancha de fútbol de km. 8, en compañía de dos chicas jóvenes, menores de edad, vio correr a un grupo de jóvenes que eran perseguidos por un móvil de la policía. Uno de ellos se calló al suelo, la víctima intenta socorrerlo, mientras el resto del grupo tiraba piedras. Dos agentes sujetaban al menor, uno lo esposaba y el otro le pegaba, mientras que un tercero tiraba con balas de goma y el imputado tiraba con su arma reglamentaria. La víctima increpó verbalmente al agente sobre su actitud, y éste respondió efectuándole tres disparos a la víctima, impactándole en la pierna izquierda el último de ellos y produciéndole la fractura del fémur. Luego de esto personal policial se retira del lugar quedando la víctima tirada, para luego de veinte minutos ser  trasladado al hospital militar por una camioneta particular. Consideró probada la materialidad y la autoría del hecho en cabeza del imputado, basando su razonamiento en el testimonio de la víctima y de testigos que depusieron en el juicio. Cabe mencionar que el padre de la víctima también pertenece a la fuerza policial provincial. La víctima recibe el impacto de bala en la zona trasera de su cuerpo, lo cual quedó demostrado con la pericia. Por todo ello solicitó se declare al imputado penalmente responsable del delito de vejaciones doblemente agravada por haber ocasionado un grave daño a la víctima y por ser cometida con arma de fuego, en calidad de autor, solicitando se lo condene a la pena de tres años y seis meses de prisión y siete años de inhabilitación especial para ocupar el cargo de empleado policial. Solicitando también la prisión preventiva del imputado hasta tato la sentencia quede firme.

Por su parte la querella también consideró probada tanto la autoría como la materialidad del hecho, haciendo hincapié en que había dos grupos aquella noche, los que tiraban piedras y el de la víctima con sus dos amigas. Calificando el hecho como vejaciones doblemente agravadas, por el gran daño a la salud de la víctima y por el uso de arma de fuego. Solicitando se lo condene a la pena de cinco años de prisión y diez de inhabilitación para el cargo de agente policial. Finalmente requirió su prisión preventiva basada en el peligro de fuga.

La defensa por su parte criticó el accionar del Ministerio Público Fiscal ya que estaba puesto en conocimiento del hecho y no efectuó medidas para esclarecer el mismo. No se estableció en la pericia que tipo de proyectil era el que tenía el cuerpo de la víctima, ni si el arma del imputado fue la que efectuó el disparo. Mencionó que su defendido si fue lesionado en su cabeza y que la gravedad del hecho para repelerlo con el uso de un arma existió debido a la utilización de piedras contra el personal policial. Solicitando finalmente el sobreseimiento de su defendido por el beneficio de la duda.

Finalmente el día lunes cinco del presente el juez penal resolvió condenar al imputado a dos años y seis meses de prisión en suspenso, más tres años de inhabilitación especial para ocupar un cargo en la policía por el delito de "lesiones graves con exceso en la legítima defensa, cometido en ejercicio de la autoridad". Entre otras consideraciones el juez mencionó "que el hecho está acreditado íntegramente"