Se realizó la audiencia de control de la detención y apertura de la investigación con cuatro imputados, investigados por los hechos violentos del sábado a la noche en el Barrio Mataderos. Fiscalía pidió medidas de protección para las víctimas en relación a tres de los imputados, en tanto que para el cuarto, investigado por tentativa de homicidio, solicitó la prisión preventiva. Con oposición de la Defensa y contemplando la situación especial de los lugares de detención y medidas de control de circulación ciudadana, el juez dispuso el arresto domiciliario por 30 días.

El hecho tuvo lugar el 2 de mayo, aproximadamente a las 23 hs. Un adolescente (16 años) fue al domicilio de una familia de su barrio, en el que se encontraban nueve integrantes de la familia. Cuando le preguntaron a qué iba, dijo que quería tomar vino, le pidieron que se retire y el joven empezó a patear la puerta hasta que le abrieron. Luego disparó con un arma de fuego hacia el interior del domicilio, sin lesionar a nadie. Uno de los ocupantes de la casa, le habría pegado en la mano con un palo de escoba, cayó el arma y cerraron la puerta. El adolescente, disparó a través de una ventana, nuevamente no se produjeron lesiones.

Fue entonces cuando llegó la policía que había sido convocada momentos antes. Los ocupantes de la vivienda salieron caminando hacia la casa del adolescente, gritándole que salga. Este abrió la puerta y volvió a disparar. Luego se acercaron más miembros de la misma familia, los que comenzaron a arrojar piedras para que salga. El joven salió acompañado por otros cinco jóvenes (cuatro de ellos imputados en esta audiencia). El adolescente y uno del grupo dispararon contra el grupo contrario, cada uno con un arma de fuego. El resto, arrojaban piedras a las víctimas y al personal policial. Antes de llegar a su casa de regreso, una joven recibió el impacto de un proyectil en un hombro, otra de las víctimas fue herida en el abdomen y la tercera en una mano. Aun cuando lograron guarescerse en su vivienda, continuaron los disparos y el lanzamiento de piedras. La policía repelió la agresión disparando sus armas reglamentarias para disuadir a los agresores. En ese contexto lograron aprehender a uno de los imputados, herido en un hombro. También un policía recibió el impacto de una piedra en la cabeza, produciéndole una herida cortante.

El juez Ricardo Rolón declaró legal la detención y abierta formalmente la investigación. Los imputados hicieron uso de su derecho de declarar. Uno de ellos negó haber participado de los hechos, los otros tres dieron su propia versión, indicando que se defendieron de un ataque.

La fiscal María Bottini, pidió que se dicte una medida de protección para las víctimas, prohibiendo todo acercamiento y/o contacto por parte de los agresores. En relación al imputado como coautor de tentativa de homicidio, requirió la imposición de prisión preventiva por un plazo de treinta días. El pedido fue fundado en las características sumamente violentas del hecho, en el peligro procesal de fuga por la conducta desplegada al momento de su aprehensión, por la debilidad del arraigo y por el incumplimiento del DNU que establece el aislamiento social obligatorio. También se refirió al peligro de entorpecimiento procesal, entre otros aspectos porque aun no fueron secuestradas las armas utilizadas.

Marcos Ponce aceptó las medidas de protección a las víctimas pero se opuso al arresto en comisaría. Indicó que los parámetros que habitualmente se toman en cuenta para establecer si hay o no arraigo, deben cambiar en este contexto en el que se incrementó la población que se quedó sin empleo. También ponderó que los intensos controles policiales hacen imposible salir de la ciudad y circular en rutas sin pasar por algún retén que impida la fuga de cualquier persona. En relación al entorpecimiento, sostuvo que hay otros modos menos gravosos de cautelarlo. Por otra parte se refirió a las condiciones de los centros de detención, los que se encuentran al límite del cupo y en los que, a criterio de la Defensa, es prácticamente imposible respetar las exigencias del aislamiento puertas adentro.

El juez Ricardo Rolón compartió los argumentos de la Dra. Bottini respecto de los peligros procesales y la necesidad de encierro preventivo. Sin embargo el magistrado entendió con la Defensa que es cierta la considerable disminución del peligro de fuga en el contexto actual y que es necesario extremar la excepcionalidad del alojamiento de procesados en las comisarías. Por este motivo decidió disponer el arresto domiciliario, imponiéndole, a pedido de la fiscal, la prohibición de contacto por cualquier medio con las víctimas y con los demás imputados.