El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal manifiestan su más enérgico rechazo al avasallamiento sufrido por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Provincia de Santa Fe. Nos resulta incomprensible que en una de las provincias más importantes y con mayor trayectoria institucional de nuestro país, se haya decidido reformar el régimen administrativo–disciplinario de fiscales, defensores y funcionarios del Ministerio Público poniéndolo en manos de otro Poder. Mientras en el país se avanza sobre modelos que otorgan mayor independencia y garantía en sus investigaciones al Ministerio Público Fiscal, Santa Fe ha retrocedido, dando varios pasos para atrás, volviendo a un régimen de control estricto sobre quienes deben llevar adelante el esclarecimiento de los hechos ilícitos con absoluta autonomía y libertad.
La gravedad institucional que reviste tal medida, coloca en alerta a los Ministerios Públicos de todo el país. El incomprensible modelo adoptado, claramente no se erige en un ejemplo a seguir.
Ignoramos si las motivaciones de semejante reforma están ligadas a determinadas investigaciones que se realizaron, vinculadas con actores políticos. De ser así, la gravedad de la medida tendría ribetes inusitados,El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal manifiestan su más enérgico rechazo al avasallamiento sufrido por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Provincia de Santa Fe. Nos resulta incomprensible que en una de las provincias más importantes y con mayor trayectoria institucional de nuestro país, se haya decidido reformar el régimen administrativo–disciplinario de fiscales, defensores y funcionarios del Ministerio Público poniéndolo en manos de otro Poder. Mientras en el país se avanza sobre modelos que otorgan mayor independencia y garantía en sus investigaciones al Ministerio Público Fiscal, Santa Fe ha retrocedido, dando varios pasos para atrás, volviendo a un régimen de control estricto sobre quienes deben llevar adelante el esclarecimiento de los hechos ilícitos con absoluta autonomía y libertad. La gravedad institucional que reviste tal medida, coloca en alerta a los Ministerios Públicos de todo el país. El incomprensible modelo adoptado, claramente no se erige en un ejemplo a seguir. Ignoramos si las motivaciones de semejante reforma están ligadas a determinadas investigaciones que se realizaron, vinculadas con actores políticos. De ser así, la gravedad de la medida tendría ribetes inusitados,habida cuenta que la misma tendría como único objeto, marcar un límite no establecido por la ley en las investigaciones que llevan adelante los fiscales.
Extendemos nuestras consideraciones al aval que la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe otorgó a esta reforma, declarando, mediante un fallo dividido, su constitucionalidad.
Los máximos Tribunales, deben ser garantes de la institucionalidad de sus respectivas provincias, no permitiendo el avance de un Poder por sobre otro.
En este caso, sostener el poder administrativo-disciplinario de la Legislatura sobre la estructura del Ministerio Público de la Acusación, importa subordinar su actuación judicial perdiendo autonomía funcional e independencia orgánica.
En mérito de ello, los Procuradores y Fiscales Generales de toda la República Argentina instamos a los tres poderes del Estado santafesino a que modifiquen el régimen administrativo–disciplinario de fiscales y defensores, retomando el camino democrático de la sana división de poderes y de los principios republicanos.
