En lo que se denomina “Declaración de Potrero de los Funes”, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina,  reunidos días atrás en esa localidad de la provincia de San Luis, reivindicaron la necesaria independencia del Poder Judicial al momento de realizar las investigaciones.

Tal objetivo además fue planteado desde la necesidad paralela de dotar de recursos humanos y materiales suficientes.

Representantes de todas las provincias allí reunidos –entre ellos el procurador general del Chubut Jorge Miquelarena- acordaron “fortalecer” al Ministerior Público Fiscal “impulsando su modernización, aggiornamiento y capacitación, mediante una asignación presupuestaria que revele el compromiso de cumplir cabalmente con la obligación preambular de proveer el bienestar general y garantizar el afianzamiento de la Justicia”.

Agrega la declaración que “es condición básica para transitar seria y exitosamente el camino hacia el establecimiento del sistema acusatorio, que se otorgue al Ministerio Público Fiscal la potestad de conducir la investigación del delito, dotándolo de una Policía Judicial que en el derecho y en los hechos, responda a su autoridad”.

Cabe destacar que en la provincia del Chubut, el Ministerio Público Fiscal maneja su propio presupuesto y además cuenta con personal especializado en las investigaciones con dependencia directa del Procurador General. Este aspecto convierte al Chubut en pionera en medio de una tendencia generalizada en la Argentina por modernizar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.

Siempre en el mismo tono, la “Declaración de Potrero de los Funes” indica también que “no resulta conveniente a la salud del sistema republicano, que el Ministerio Público Fiscal, intra o extra poder, deba acudir al auxilio del Poder Ejecutivo para investigar los hechos ilícitos”.

El procurador Miquelarena, acompañado por Fabián Jashal, coordinador de la oficina de soluciones alternativas, y la fiscal de Rawson Graciela Suárez García, participaron en la localidad de Potrero de los Funes en la provincia de San Luis, de las “23ª Jornadas Nacionales del Ministerio Público” que contó con la presencia de representantes de toda la Argentina.

Miquelarena participó además de la reunión anual de procuradores generales nacionales.

La declaración

Textualmente la mencionada declaración, dice lo siguiente: “En Potrero de Los Funes, Pcia. de San Luis, en el año del Bicentenario de la Patria  y en el marco de las XXIII Jornadas Nacionales de los Ministerios  Públicos de la República Argentina, reunido el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, con la asistencia de los miembros que firman al pie de la misma. Declararon:

•Que como  ha manifestado reiteradamente este Consejo, la independencia de las Instituciones involucradas en la administración de Justicia requiere de actos concretos de sus integrantes, especialmente de sus cabezas en cuanto en ellas se reconoce constitucionalmente  el imperio necesario para mantener su inviolabilidad frente a los otros Poderes del Estado.

•Que tanto la independencia como la autonomía funcional y presupuestaria del Ministerio Público en todas sus ramas debe abordarse y concretarse; pues en tales pilares se asienta el real acceso a justicia y la tutela efectiva de los derechos que la Sociedad reclama y merece.

•Que la defensa de los intereses y los derechos del Ciudadano en general y de los sectores más vulnerables en especial, están a cargo del Ministerio Público, para lo cual las acciones y estrategias eficientes deben estar acompañadas de recursos humanos y materiales suficientes.

•Que el fortalecimiento del Ministerio Público, en tanto institución necesaria en la conformación republicana, debe ser atendida en clave estratégica por los Gobiernos Democráticos, impulsando su modernización, aggiornamiento y capacitación, mediante una asignación presupuestaria que revele el compromiso de cumplir cabalmente con la obligación preambular de proveer el bienestar general y garantizar el afianzamiento de la Justicia.   

•Que, en este orden, es condición básica para transitar seria y exitosamente el camino hacia el establecimiento del sistema acusatorio que se otorgue al Ministerio Público Fiscal la potestad de conducir la investigación del delito, dotándolo de una Policía Judicial (que en el derecho y en los hechos responda a su autoridad).

•Que no resulta conveniente a la salud del sistema republicano, que el Ministerio Público Fiscal, intra o extra Poder, deba acudir al auxilio del Poder Ejecutivo para investigar los hechos ilícitos.

•   Que en este sentido, el Consejo ha llevado adelante el proyecto de implementación de laboratorios Regionales de Investigación Forense, logrando el financiamiento para la adquisición de aparatología de última generación que estará al servicio de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos; gestión que se plasma con neto sentido federal  y que evidencia la voluntad de concreción de acciones que dependen de nuestra propia iniciativa.

•Que en cumplimiento del cabal ejercicio de la  Defensa del que es acreedor todo habitante de nuestra República, debe fortalecerse la estructura de la Defensa Pública Pupilar y Tutelar, asegurando  el equilibrio y la igualdad de armas.

•Que  la garantía del debido proceso legal que conlleva el ejercicio de una defensa plena y de calidad del justiciable, debe ser percibida,  asimilada y respetada por los miembros de la Sociedad  como herramienta sólida e insoslayable para procurar Justicia, signo de madurez y convivencia en el marco de un Estado de Derecho. En razón de lo cual, este Consejo invita a la reflexión y repudia todo juicio descalificante o denostante de la tarea de la Defensa Pública en todos los procesos, cualquiera fuera la naturaleza del delito, en los que por mandato constitucional deban representar los intereses de los imputados-

•Que el Ministerio Público de la República Argentina advierte con preocupación la escalada de violencia institucional so pretexto de represión del delito.  No existe causa que justifique la violación de garantías constitucionales y menos aún la pérdida de vidas humanas.-

Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.-