Siguen declarando los imputados en la Megacausa
Al igual que en anteriores oportunidades, el Ing. José Arrechea, imputado en la causa por la cuál se investigan maniobras fraudulentas contra el Banco del Chubut, se valió de respaldo técnico para mostrar documentación y gráficos como apoyatura para la ampliación de su declaración durante este juicio oral y público. El declarante indicó que no iba a contestar preguntas de la qurella ni del Ministerio Público Fiscal, a cuyos integrantes sindicó como continuadores del “pecado original” iniciado con la denuncia penal y continuado con la instrucción respectiva. Además, dejó en claro que basaría su exposición en contrastar los dichos del contador Lombardi y de John Williams. Sobre el primero de los mencionados expresó que cayó en incongruencias y falsedades, demostrando su grave desconocimiento y padeciendo de una “ignorancia supina”. En ese contexto, puso como ejemplo que para inspeccionar las obras, Lombardi no supo medir sus palabras en lo referente a la chacra 8 y se equivocó de ruta, yendo a la uno y no a la interbalnearia, según el imputado. A partir de allí, detalló documentación que demostraba el estado parcelario que fue aprobado por la Municipalidad de Rawson el 16 de marzo de 2000 y expedido el 27 de septiembre de 2001, indicando que esto fue antes que viniera Lombardi a realizar sus tareas en el Banco y mucho antes que las peritas escribanas hayan brindado su informe. Durante su declaración, Arrechea brindó en números un amplio análisis económico, efectuando un paralelismo entre los valores de la época en que se realizó la operación con el Banco de aquel proyecto interurbano y los actuales precios que se manejan, barajando cifras como 65 millones en la actualidad y 15 millones, de acuerdo a la valuación de la Ordenanza 4663. Es cuatro veces de mayor valor hoy, dijo el ingeniero, indicando que faltarían solo 28 millones para terminar la urbanización, y su valor de venta estaría en los 20 millones, correspondiéndole un 31 por ciento a Aridos Fontana, unos cuatro millones y al Banco cerca de 16 millones. Por otra parte, también hizo alusión a lo expresado por Lombardi en materia de garantías, habiendo expresado el veedor del Central que no las había verificado, calificando esta situación de insólita. Dijo, en este sentido, que la tasación del Banco sobre inmuebles hipotecados puestos como garantía superaban los 23 millones. Aridos Fontana tenía un límite de asistencia crediticia de nueve millones y de enero del 99 a marzo de 2000 no se traspasó ese índice, siendo la deuda en enero de 1999 de 165.000 pesos, creciendo a 6.135.000 pesos como saldo promedio al 31 de marzo de 2000. Ya desde abril de 2000 a diciembre de 2001 Aridos Fontana no tiene deudas, según lo presentado por Arrechea, basado en el peritaje efectuado por el contador Hugo Jiménez. Entre otros conceptos, aseveró que la relación entre Aridos Fontana y Corralón Fernándes no existió, pero admitió negociaciones entre Geosur y la empresa de los hermanos. Aridos Fontana tenía proyectos por mas de 50 millones de pesos, con plazos de entre 20 y 25 años, “y siempre hemos actuado de buena fé”, remarcó. Posteriormente, dijo que si bien no tiene que ver con la causa aquí ventilada, necesitaba aclarar la situación de lo que han denominado “grupo económico”, precisando que como tal no existe, siendo el Grupo Nueva Patagonia un invento suyo. Deslindó responsabilidades de las empresas involucradas con su nombre, manifestando que solo puede responder por Aridos Fontana y por el mismo, mientras que en Geosur fue un socio mas y en Astilleros solo fue un coordinador técnico de las obras de Comodoro. Sin embargo, admitió que en algún momento figuró con el 16 por ciento de acciones de Astilleros, lo que fue obligado por un requerimiento del Banco, en el sentido de desligar a Geosur de la mencionada empresa, según comentó. También desmintió su vinculación con Ingro durante la época de los hechos, y contó su versión acerca del préstamo efectuado relacionado con la planta de harina de pescado, que finalmente fue a saldar una deuda de Geosur, manifestando que con el fin de ayudar al empresario Bressan y su empresa, Servidop, se habían comprado un problema. El ingeniero Arrechea, a partir de todo lo expresado, indicó que no entendía como habían hecho figurar en los acuerdos firmados con el Banco, a Ingro y Astilleros, pero que los firmó en su momento para demostrar la buena voluntad y la intención de terminar con el problema. El imputado refutó dichos de Williams, cuando dijo que se habían cerrado las cuentas del Grupo económico porque no habían cumplido con nada de lo acordado en las actas correspondientes. Estas fueron firmadas el 21 de diciembre de 2000 y el 31 de enero de 2001 y en el medio de las dos se había elevado la denuncia penal, luego que el 17 o 18 de diciembre de 2000 Samamé asumió como Procurador, agregó Arrechea. El resto de sus aseveraciones tuvieron que ver con la respuesta acerca de los puntos de esas actas, intentando aclarar de que manera cumplieron con cada uno de ellos, indicando que siempre se hizo lugar a lo pactado, aún estando en desacuerdo con lo allí establecido. La ampliación de declaración de Arrechea terminó cerca de las 13,30 hs., disponiendo el Tribunal presidido por el Dr. Portela la continuidad de la Audiencia Oral y Pública desde las 16, esperándose la palabra de otros imputados, en este caso de los ex funcionarios Ramírez y Carrizo, así como la posibilidad de una nueva participación de la contadora Silvia Beros.
