Una audiencia de revisión sobre la decisión adoptada por el Juez Sergio Piñeda, se realizó ayer en horas de la tarde, a solicitud de los defensores y la asesoría de menores, quienes plantearon diversas nulidades acerca de lo resuelto el sábado anterior por el magistrado, disponiendo la prisión preventiva para cinco personas, dos mayores y tres menores, integrantes de una presunta asociación ilícita.

  Los jueces Ivana González y Fabio Monti tuvieron a su cargo la tarea de resolver sobre la presentación, determinando el rechazo parcial de la revocatoria, mencionando que si bien Piñeda no hizo lugar en su resolutorio a la apertura de investigación correspondiente, esta situación queda salvada gracias a la aclaratoria solicitada por el Ministerio Público Fiscal, efectuada a través de la fiscal general jefe Mirta Moreno, a cargo de la investigación junto al fiscal César Zaratiegui.

  Los revisores se explayaron en la necesidad de diferenciar entre responsables menores y mayores de los hechos endilgados, entendiendo bien argumentada la medida de coerción, existiendo riesgos procesales de fuga y entorpecimiento para todos los casos.

  Aludiendo a normativa vigente en cuanto a los pasos procesales que se deben dar con los menores de edad, consideraron que mas allá de las fundamentaciones, se debía dejar en inmediata libertad a los jóvenes, quienes deberán seguir procesados, cumpliendo medidas sustitutivas, tales como la firma del libro en la oficina de ejecución tres veces por semana y la prohibición de acercamiento a testigos y víctimas.

  De tal manera, quedó confirmada la prisión preventiva por tres meses para Orellana y Guzmán, mientras continúan las investigaciones y los procedimientos respecto a la llamada banda de los violentos, cuyos presuntos integrantes son defendidos por Lisandro Benítez y Sergio Rey, en tanto los menores cuentan con el asesoramiento de Pablo Rey.