Una mujer de algo más de 20 años fue puesta en libertad, aunque se procedió a la apertura de investigación tras un hecho donde junto a otras dos personas, un hombre y otra de sexo femenino, interceptaron a un menor de 13 años en Edison y 9 de Julio, y tras sujetarlo le robaron una netbook, de uso escolar y el teléfono celular.
La víctima pudo identificar claramente a las personas, principalmente a la chica que vestía camiseta de boca, además de dar a conocer sus características físicas. Fue así que la policía la pudo ver en el bar ubicado en Pecoraro y Gales llevando dos bolsas, en una de las cuales se encontraba lo sustraído. También fue importante el aporte de dos testigos, de acuerdo al relato realizado por la funcionaria de fiscalía Verónica Van Vliet.
Calificación y antecedentes
Se imputó a la jóven por robo consumado agravado en poblado y en banda, artículo 167 inciso 2 del Código Penal, argumentando la funcionaria sobre los riesgos de fuga y entorpecimiento, dando por probable la autoría. Refirió la funcionaria en los antecedentes de la imputada, la que tiene una condena anterior de un mes de prisión en suspenso, ejecutada en marzo de 2013, sumándose al menos ocho causas que se encuentran en proceso, la mayoría con acusación, siendo delitos contra la propiedad.
Agregó que en dos oportunidades se le impusieron medidas sustitutivas, con la firma del libro en oficina de ejecución penal, las cuales cumplió en un primer momento, y estando vigentes no ha venido desde el mes de septiembre. Por otro lado, constaba un pedido de captura desde Puerto Madryn, solicitando que en caso de no accederse al pedido de un mes de prisión para este caso, se la traslade a la ciudad portuaria a disposición del juez competente.
Causas y adicciones
La defensora Romina Rowlands no desconoció la probabilidad de autoría de su cliente, aunque indicó que debía primar el principio de inocencia, destacando el principio de adhesión a proceso que siempre tuvo, al rescatar que la imputada siempre se interesa por la marcha de sus expedientes.
Mas adelante expuso sobre la adicción que padece la mujer a la droga, el alcohol y el poxiran, sobre lo cuál trabajan permanentemente. Pero luego aludió a que se encontraba presente el padre, quien a su vez la había informado previamente sobre la posible injerencia de un medicamento que la pudo haber afectado, pidiendo la revisación por parte del cuerpo médico forense para observar su posible capacidad de razonabilidad.
Luego enfatizó en la falta de contención, incluyendo en esto a su propia familia, marcando un estado de vulnerabilidad que la hace víctima del sistema, para rechazar la posibilidad de una medida de coerción y desconociendo el seguimiento de un hecho en Puerto Madryn.
La resolución
El Juez, José García dejó abierta la investigación por el término de seis meses, la que estará a cargo del fiscal general Omar Rodríguez, teniendo en cuenta la probable autoría, reconocida incluso por la defensa, a partir de los elementos existentes. No estuvo de acuerdo con la fiscalía en cuanto al riesgo de fuga, y si bien acordó en lo referido al posible entorpecimiento, señaló que esto puede ser neutralizado con una prohibición de acercamiento a la víctima, su domicilio y su familia.
El magistrado resolvió la libertad de quien fue traída a proceso, aunque ordenó su traslado a Puerto Madryn para que sea puesta a disposición del juez que entiende en la causa por la que existía el pedido de captura, rechazó el pedido para revisarla por el cuerpo médico forense ya que no es ésta la instancia y promovió que se informe desde oficina judicial sobre las causas en trámite, para permitir su acumulación.